Neuquén: El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya, firmó hoy un convenio con el  ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Mariano Gaido, para implementar el sistema de firma digital en las comunicaciones a los registros civiles de las decisiones que, desde el Poder Judicial, modifiquen, reconozcan o supriman derechos relacionados con el estado civil, nombre y capacidad de las personas.

A partir del convenio, las comunicaciones se realizarán por medios electrónicos y con firma digital a una casilla de notificación electrónica que se asignará al Registro Civil, lo que agilizará y simplificará el trámite de registración. Se trata de un paso más hacia la eliminación de las comunicaciones en soporte papel.

En el acto, que se realizó en Casa de Gobierno, participaron también el vocal del TSJ Alfredo Elosu Larumbe y el fiscal general José Gerez. En ese contexto también se lanzó una iniciativa destinada a capacitar en el sistema de juicio por jurados a estudiantes secundarios de toda la provincia.

El convenio para implementar la firma digital en las comunicaciones con el área de Registros Civiles se firmó en el marco del Reglamento de Comunicaciones Institucionales aprobado por Acuerdo 4963/12 del TSJ, que estableció los términos en los que el Poder Judicial realizaría este tipo de acuerdos con otros Poderes y dependencias del Estado.
Un paso más del plan estratégico

El presidente del TSJ enmarcó el convenio en las tareas de modernización que se vienen desarrollando desde el 2012, con la puesta en marcha del Plan Estratégico del Poder Judicial. “Este plan tiene muchas conexiones con el plan 2020 que lanzó recientemente Nación y en el que Neuquén ha sido pionera: tenemos desarrollado aproximadamente el 70% de los objetivos que se proyectan en ese plan”, sostuvo en referencia a los cambios que el plan nacional propone para implementar de cara al 2020 y que el Poder Judicial de Neuquén ya tiene en funcionamiento: publicidad de las audiencias, representación de las víctimas en los procesos, métodos alternativos para la resolución de conflictos y procesos judiciales orales, entre otros puntos.

Moya planteó, por ejemplo, que para buscar que “los jueces estén cerca de la ciudadanía y del caso” se resolvió, entre otras cosas, crear las oficinas judiciales, que primero se implementaron en el sistema penal, también en los fueros Civil y Laboral. “Le sacamos al juez la preocupación de saber si hay café o si hay un problema edilicio, para que se aboque a tomar decisiones”, indicó respecto de la puesta en marcha del nuevo organismo que, en todos los casos, concentra las tareas administrativas y libera a los magistrados para que puedan resolver sobre los casos judiciales. Remarcó la importancia de haber implementado el sistema de Oficinas Judiciales en los fueros Civil y Laboral en que son los que concentran la mayor demanda al servicio de justicia. “El 93 por ciento de la actividad judicial es no penal”, afirmó.