UN INFORME DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTIMÓ QUE LOS NUEVOS CARGOS CONTEMPLADOS EN LA INICIATIVA IMPLICAN UN PRESUPUESTO DE 1.939 MILLONES DE PESOS. CINCUENTA EXPOSITORES PARTICIPARON DE LAS REUNIONES PLENARIAS DURANTE MÁS DE 21 HORAS DE DEBATE. LA OPOSICIÓN RECHAZÓ EL DICTAMEN Y ADELANTÓ SU VOTO NEGATIVO.

La senadora por Santa Fé, María de los Ángeles Sacnun (FdT), enumeró las cinco reuniones llevadas adelante por el Plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, la cantidad de oradores, así como los documentos que se presentaron y que circularon entre todos los legisladores, para concluir: «hemos escuchado a todos».

La senadora por Santa Fé enunció los cambios introducidos al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. Entre ellos destacó: «el régimen penal juvenil debería contar con una competencia exclusiva; el sorteo de causas, ya que consideramos que hay que avanzar en la transparencia, que estos deben ser gravados bajo apercibimiento de declarar la nulidad del acto; selección de candidatos, ya que advertimos que a los concursos se le debe sumar exámenes por escrito y contemplar la posibilidad del anonimato; consideramos no unificar al fuero civil y comercial con el contencioso administrativo sino que deberíamos contar con un comité de resolución de las competencias; rescatamos el planteo de los organismos de derechos humanos para que las secretarías dedicadas a esta temática conserven la competencia exclusiva porque la memoria, verdad y justicia, son una política de Estado».

En cuanto a las observaciones en relación a la adecuación del proyecto al procedimiento acusatorio, realizadas durante el plenario de las comisiones, Sacnun recordó que «tenemos una bicameral de aplicación del nuevo código procesal penal federal» que hace el seguimiento de la implementación del mismo.

La senadora por Santa Fé informó que recibió «una estimación presupuestaria realizada por el Ministerio de Justicia de la Nación, en relación a los cargos que el proyecto contempla crear, de un monto de 1.939 millones de pesos».

Concluyó que «hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta era una materia pendiente y no creemos que solamente con esta ley vayamos a solucionar todos los problemas que existen en la Justicia». También destacó que «se trata de invertir en Justicia para alcanzar el objetivo fundamental de toda República: la división de poderes. Tener una Justicia que no reciba presión no sólo de otros poderes de la República sino que tampoco los sufran de parte de los poderes fácticos».

En el cierre del plenario, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) sostuvo que su bancada se opone a la reforma. Anunció que las cuestiones de fondo las expresaría oportunamente en la sesión en la que se discuta la iniciativa. Consideró que el «el esfuerzo del Estado deberían haber estado dedicados a las empresas que están en riesgo por andar de cuarentena en cuarentena». Resaltó que quienes han expuesto en el Senado, mayoritariamente, comulgan con el partido que gobierna. Criticó el sentido de oportunidad de la reforma y dijo que «muchos de los que se movilizaron el 17 de agosto, lo hicieron por no tener trabajo y que incluso han votado al actual Presidente». Opinó que «no es prioridad de la sociedad utilizar ese monto presupuestario para nuevos cargos». Señaló que el proyecto carecía «de un amplio acuerdo democrático previo que le diera sustento a la reforma».

El titular de la bancada mayoritaria, el senador por Formosa, José Mayans (Frente de Todos) señaló que a lo largo del debate se presentaron posiciones diversas y que todos fueron escuchados. Destacó que en la campaña proselitista el actual Presidente de la Nación había adelantado que la reforma judicial era una necesidad para la sociedad argentina. En este punto subrayó que «la reforma es necesaria, oportuna y conveniente». Criticó a la oposición por su crítica permanente a las iniciativas del oficialismo.

Mayans rebatió algunos cuestionamientos y subrayó que la iniciativa no contempla, en ninguno de sus puntos, a la Corte Suprema de Justicia, ni al Consejo de la Magistratura. Dijo que la reforma crea «más tribunales orales, más juzgados, más fiscalías, más defensorías, en suma; un mayor servicio de justicia». Concluyó que el proyecto «es una buena reforma» y que «los cambios introducidos son muy importantes»

Fuente: Senado de la Nación.