SIETE DE LOS 10 MAGISTRADOS EXPUSIERON Y CONTESTARON PREGUNTAS DE LOS SENADORES. JUNTOS POR EL CAMBIO PRESENTÓ UNA NOTA Y NO PARTICIPÓ DEL DEBATE. TAMPOCO DECIDIERON CONCURRIR LOS JUECES BRUGLIA, BERTUZZI Y CASTELLI. LA COMISIÓN RESOLVIÓ EMITIR DESPACHO RECHAZANDO LOS PLIEGOS DE LOS TRES MAGISTRADOS AUSENTES.

La Comisión de Acuerdos, que preside la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (FdT), realizó hoy una audiencia pública para analizar 10 pliegos de magistrados enviados por el Poder Ejecutivo.

Se trata del acuerdo para el traslado del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Dr. Juan Manuel Iglesias, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Chaco; el acuerdo para el traslado de la Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia, Chaco, Dra. Zunilda Niremperger, al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Resistencia, Chaco y el acuerdo para el traslado del Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, Dr. Federico Hernán Villena, al Juzgado Federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

También el acuerdo para el traslado de la jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Prov. de Misiones, Dra. María Verónica Skanata, al Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas, Misiones; el acuerdo para el traslado del Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 de la Capital Federal, Dr. Enrique Gustavo Velázquez al Juzgado Nacional de Menores N° 7 de la Capital Federal; el acuerdo para el traslado del Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, Prov. de Jujuy, Dr. Esteban Eduardo Hansen, al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Jujuy y el acuerdo para el traslado del Juez de Cámara Nac. de Apelaciones en lo Crim. y Correccional Federal, Dr. Eduardo Guillermo Farah, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Provincia de Bs. As.

Por último el acuerdo para el traslado del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal. Federal N° 4, Dr. Leopoldo Oscar Bruglia, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; el acuerdo para el traslado del Juez de Cámara del Tribunal Oral N° 1 de la Plata, Buenos Aires, Dr. Pablo Daniel Bertuzzi, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala 1 y el acuerdo para el traslado del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Crim. Federal N° 3 de San Martín, Buenos Aires, Dr. Germán Andrés Castelli, al Tribunal Oral en lo Criminal. Federal N° 7 de la Capital Federal.

Los jueces habían sido objetados por ser trasladados sin cumplir con un requisito de la Constitución Nacional para el nombramiento de jueces que es la aprobación por parte del Senado.

La senadora Sagasti, inició el encuentro destacando que «hemos recibido un correo con una nota de impugnación enviada por parte de la oposición». En la nota, leída por la secretaria de la comisión, Juntos por el Cambio expresa entre otras cosas que «ratificamos lo mismo que dijimos el 26 de agosto pasado, que esta audiencia debería declararse nula por entender que se trata de una modalidad no prevista en el reglamento del cuerpo». La presidenta de la Comisión manifestó que «Juntos para el Cambio decidió no estar presente en la Audiencia», y explicó que «más allá de las valoraciones jurídicas, el Poder Ejecutivo envió acuerdos a este Senado y nosotros tenemos que analizarlos, que es la función de esta comisión, ya que se ha aplicado el trámite correspondiente».

Tras mencionar que se «han recibido 240 impugnaciones», dio inicio a la exposiciones. El juez Juan Manuel Iglesias abrió la ronda destacando que «el pedido de mi traslado tuvo que ver con cuestiones familiares y por el trabajo que inicié en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, vinculado a la necesidad de realizar un proyecto laboral a largo plazo». «Entendí que la modalidad para mi traslado eran las correctas», añadió. Sostuvo su deseo de seguir «en este Tribunal que estoy desde hace cuatro años y en el cual hemos crecido incluso pasado de 20 audiencias anuales a 300». Por último explicó que «incluso durante el escenario actual de pandemia estamos haciendo vía remota audiencias y juicios». Consultado sobre su opinión sobre la decisión de que los magistrados y funcionarios deban pagar el impuesto a las ganancias consideró «que el impuesto es una realidad que ya afecta a varios jueces y efectivamente es un cambio de paradigma al que el Poder Judicial se debe adaptar por lo que no tengo ninguna objeción». Sobre el título IV de la media sanción que obtuvo el proyecto de Reorganización de la Justicia respondió que «era necesario una reforma, una mayor distribución de jueces genera una mayor distribución de Justicia, ese artículo otorgaría una mayor independencia a los jueces».

Luego la jueza Zunilda Niremperger aseguró que «soy una gran defensora de los procesos y normas constitucionales. Pedí el traslado porque estaba convencida de que las condiciones eran las adecuadas». Explicó que «pasaba más tiempo en este juzgado que en el mío. Trabajamos mucho en este juzgado el cual sigue teniendo 40 mil causas y además la competencia electoral». Reiteró que «siempre estuve convencida que mi traslado se hizo de manera regular y legítima». Tras ser consultada sobre el impuesto a las ganancias y la cláusula de los 75 años, manifestó que «el impuesto a las ganancias es ley, así que hay que cumplirla. Y respecto a los 75 años estoy totalmente de acuerdo, porque considero que estar demasiado tiempo en un lugar no es sano y constitucionalmente fue establecido». Respecto al reordenamiento de la Justicia Federal «considero que es muy bueno porque nos encontramos en un momento de crisis y es muy necesario hacer cambios. La instauración del proceso acusatorio se debe venir urgente a todo el país».

Seguidamente, el juez Federico Hernán Villena sostuvo que «el sistema de traslados es un sistema excepcional y debe ser a través de los consensos. Nosotros enfrentamos distintas presiones y las maneras de poder soportarlas es teniendo el consenso de que nuestro cargo es legítimo» «Se puso en duda la legitimidad de estos traslados, es adecuada esta audiencia para lograr la credibilidad y dar certezas», añadió. Explicó que «mi traslado tuvo dos excepciones: no llegaba a 4 años y eran distintos juzgados».

Luego fue el turno de la jueza María Verónica Skanata quién comentó que «ingresé al poder judicial en el año 2002 y en 2007 concursé para el Juzgado Federal de Oberá y desde 2014 empecé una subrogancia en el juzgado de Posadas, donde me encuentro hasta hoy en día». Sostuvo que «atento a nuestra estadística de Posadas, de 4000 causas al año que ingresan anualmente, la incorporación de nuevos juzgados federales es beneficiosa y hace a la especialidad para que se puedan manejar mejor las causas».

En tanto, el juez Enrique Gustavo Velázquez repasó su experiencia y justificó su traslado al Juzgado Nacional de Menores N° 7 de la Capital Federal. Tras ser consultado sobre su edad y si realizó cursos en el exterior, sostuvo que «tengo 64 años y he realizado varios cursos sobre minoridad en la Asociación de Magistrados. Pero no hice cursos en países extranjeros».

El juez Hansen, comenzó explicando «las motivaciones que ha tenido su traslado». Sostuvo que «era juez subrogante, había vacantes y solicité el traslado, el cual fue aprobado por el Poder de la Magistratura y luego por decreto presidencial fuí designado aquí». Ante la pregunta de los senadores estimó que «los 75 años es una medida razonable para poder evaluar, a través de acuerdo, las condiciones para otorgar o no un nuevo acuerdo. Si bien los años dan la experiencia también hay que darle paso a las nuevas generaciones».

El juez Farah consideró que «este es el ámbito donde se debe resolver esta situación respecto a mi traslado». «Tengo 54 años ocupé todos los cargos de la escala judicial», añadió. Explicó «con relación a mi traslado lo solicité por situaciones personales». «Durante meses medios y redes sociales criticaron el fallo en el cual participé y pusieron en tela de juicio mi credibilidad difamándome con mensajes ofensivos hacia mi persona» y además «fui denunciado penalmente», aseguró. Consideró que «a partir de esa situación decidí pedir mi traslado como la mejor forma de preservarme a mí y a mi familia». Aseguró que «las investigaciones que se hicieron sobre mí finalmente terminaron dándome la razón. En la denuncia penal fui sobreseído. Se determinó que yo no había dictado un fallo contra la ley y que los movimientos en mi patrimonio en ese período eran regulares». Al ser consultado, sobre si realizó alguna presentación ante el relator de Naciones Unidas, Diego García Sayán, que vela por la protección e independencia de los magistrados, Farah respondió que «el traslado lo solicité yo ante la situación excepcional que estaba viviendo. La presentación ante la ONU por la independencia judicial, acompañada por organismos de derechos humanos, no se refería puntualmente a mi caso pero entendían que el mío debía incluirse».

Luego tras leerse los pedidos de traslados del Poder Ejecutivo, la presidenta de la Comisión informó que tanto el doctor Bruglia, como Bertuzzi y Castelli han enviado cada uno un correo electrónico anunciando que no concurrirán a la audiencia pública debidamente notificada por esta comisión.

Sagasti destacó que «las audiencias son una cuestión reglamentaria que tienen por principal fin la información pública a ciudadanos y a senadores para debatir su idoneidad para acceder al cargo al que es propuesto el funcionario judicial».

Por último, se resolvió enviar para la firma el dictamen de rechazo de los pliegos de los 3 jueces que no concurrieron.

Fuente: Senado.gov