El Poder Judicial de Río Negro incorporó la “Guía de Buenas Prácticas para el abordaje integral y acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual”. Lo hizo mediante una Acordada que dictó esta semana el Superior Tribunal de Justicia. Lo que se busca es optimizar la coordinación de todas las personas y organismos que intervienen desde que el niño o la niña cuenta por primera vez lo que sabe sobre un hecho de violencia sexual hasta la finalización del proceso.

La Acordada 25/2023 destaca el objetivo central de evitar la revictimización de las infancias. Define que “es muy importante que todas las personas involucradas en el abordaje, en las distintas etapas, actúen con sumo cuidado y según protocolos unificados de actuación, con el objetivo de proteger el relato de posibles contaminaciones, y que este relato sea realizado por única vez, en el marco de la investigación judicial y en las condiciones adecuadas”.

En el 5° Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as con los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, del que participó en octubre pasado la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, se acordó difundir y aplicar la Guía en todos los poderes judiciales del país. El documento fue elaborado por Unicef en el marco de la “Iniciativa Spotlight”, una campaña conjunta de Naciones Unidas y la Unión Europea orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

La Guía brinda nuevas herramientas a las operadoras y operadores judiciales y extrajudiciales para garantizar el acceso a justicia y el correcto abordaje de las infancias ante hechos de violencia sexual. Las recomendaciones no se dirigen sólo a jueces y juezas, fiscales, defensores, profesionales de Cámara Gesell, forenses y trabajadores sociales del Poder Judicial, sino también a operadores externos que participan del sistema, como profesionales de la salud mental, la ginecología y la pediatría, policías, docentes y operadores de organismos de protección, entre otros.

El objetivo central de la Guía es “reducir el estrés y revictimización” que pueden padecer las infancias durante su participación en los procesos judiciales y “optimizar las oportunidades de obtener pruebas válidas y de calidad”. También busca “mejorar la eficiencia de las actuaciones, ordenando las etapas de abordaje e investigación, definiendo roles y funciones de cada interviniente”. Finalmente, propone “fortalecer la coordinación” entre todos los organismos que intervienen en situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Para la implementación de la Guía en Río Negro, la Acordada destaca la importancia de la “articulación interna” entre jueces y juezas, fiscales, defensores, profesionales de las Oficinas de Atención a la Víctima, equipos técnicos, forenses y Oficinas Judiciales, y de la coordinación externa con los restantes operadores de Salud Pública, Educación y SENAF.