Neuquén: El Defensor General dijo que el MPD se opone a la creación de un observatorio de ASI que maneje datos considerados sensibles. Su identificación va en contra de las leyes que los protegen especialmente, puntualizó. Pidió que se destinen mayores recursos a los dispositivos de prevención, abordaje y contención.

El Defensor General, Ricardo Cancela, remitió una nota a los diputados y diputadas que integran la Comisión C de Desarrollo Humano y Social, quienes se encuentran analizando un proyecto para la creación de un «observatorio de abuso sexual infantil y adolescente (ASI)», elevado por el Ejecutivo provincial.

El artículo 2° del proyecto prevé que “el observatorio tendrá por objeto principal la conformación de un sistema de información permanente y actualizado, que recolecte datos estadísticos certeros sobre abuso sexual de niños, niñas y adolescentes». En este sentido, Cancela expresó la oposición del MPD a la elaboración de un registro de víctimas de ASI, y señaló que «estos datos son de extrema sensibilidad, por cuanto se relacionan con el derecho a la dignidad y el resguardo de la intimidad de estas personas, el que no admite prácticas que podrían poner en riesgo la información, pudiéndose así eventualmente producir una nueva vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a quienes se debe proteger». Indicó que tanto la ley provincial 2302, como las normas nacionales (25326 y 26061) y convencionales hacen especial énfasis en el resguardo del manejo de la información vinculada a niños, niñas y adolescentes, su intimidad y privacidad.

El Defensor General advirtió que del análisis de los fundamentos del proyecto, surge que el observatorio que se propone tendría carácter de estamento diagnóstico, con lo cual «unificaría información de distintas fuentes estatales, (…) y en el procesamiento de dicho información, con el fin de lograr datos certeros, se identificará a la persona, usualmente a través de su número de documento único, (…) lo cual vulnera el espíritu de lo establecido por las normas citadas, en resguardo de los derechos de privacidad e intimidad de niños, niñas y adolescentes, propendiendo a evitar su revictimización y su estigmatización».

Por otro lado, Cancela subrayó que «en la actualidad se hallan en funciones diversos estamentos del Estado y ONG que se encuentran trabajando en la temática, contando con información de la situación actual –diagnóstico-, con involucramiento en el desarrollo de políticas públicas, como también en ámbitos de atención y asistencia». Citó en esta línea al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (CoProNAF) y al Foro en Defensa de la 2302. En este sentido «y en base al conocimiento que este MPD posee de la actual situación, urge la necesidad de destinar recursos económicos, profesionales y tecnológicos efectivos, necesarios y suficientes para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para la atención y abordaje en aquellos casos en los que hayan sido vulnerados».

Propuesta del «Centro de coordinación»

Cancela propuso que, en lugar del observatorio, se ponga en marcha un Centro de coordinación, cuyo objetivo sería abordar las necesidades existentes en materia de niñez y adolescencia con las acciones y los recursos disponibles. «Este Centro se constituiría en un verdadero ámbito de ejecución, estableciendo “lazos de acción” entre diferentes órganos, organizaciones y/o Ministerios en diversas materias –no solo relativas a situaciones de abuso sexual infantil», explicó.

«Se aspira -añadió- a que el Centro de coordinación propuesto realice una ligazón efectiva entre esas necesidades conocidas y las acciones que las atiendan, es decir, entre los ámbitos de demanda y los órganos capaces de brindar soluciones y/o recursos que respondan a las mismas». De este modo, como ejemplo concreto de actuación, el Centro podría gestionar la disponibilidad o afectación adecuada y suficiente de dispositivos y/o profesionales para atender, acompañar y/o brindar tratamiento requerido por NNyA víctimas de Abuso Sexual Infantil.