El Superior Tribunal de Justicia comenzó hoy con la compactación de vehículos y chatarras en Santa Rosa, en el marco en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Pronacom).

Los trabajos se iniciaron la semana pasada en General Pico y continuarán luego en General Acha y 25 de Mayo; abarcando en total a unos 250 automotores. El resultado final de la compactación se estima entre 250 y 270 toneladas.

La iniciativa del STJ tiene fines ambientales y sociales, ya que por un lado permite mejorar el medio ambiente al eliminar residuos y chatarras; y por el otro contribuye a reforzar el sistema sanitaria ya que lo recaudado con la venta de la compactación será donado a la Asociación Cooperadora del Hospital “Lucio Molas”, de Santa Rosa.

En el lugar estuvieron el administrador general del Poder Judicial, Diego Aguirre; la secretaria legal María Soledad Sallaberry; el secretario técnico Carlos Alvarado; y el coordinador de la Oficina de Objetos Secuestrados, Néstor Javier Perassi. Ellos explicaron que la compactación alcanza a vehículos secuestrados durante la vigencia de la ley 332 –en anterior Código Procesal Penal que rigió hasta principios de 2011–.

Costo cero.

La empresa rosarina encargada de las tareas está trabajando en La Pampa con una dotación de cuatro empleados. Ellos, antes de la compactación, retiran los fluidos, las baterías y los tubos de GNC de los vehículos. Hoy el primer vehículo compactado fue un Fiat Spazio.

“Este es el puntapié inicial de una idea que esperamos tenga continuidad en el tiempo –señalaron los funcionarios presentes–. Se trata de vehículos que fueron secuestrados hace más de diez años y con los plazos vencidos para ser reclamados por sus propietarios. Con esta compactación, además del fin social de entregarle lo recaudado a una institución de la comunidad, se resuelven problemas de contaminación porque permite limpiar las playas judiciales”.

En ese sentido, Sallaberry destacó esta compactación le costará “al Superior Tribunal de Justicia cero peso” porque la firma que lleva adelante los trabajos fue contratada por el Pronacom, un programa que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.