Se retomó esta tarde la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en forma remota y presidida por la senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (FdT). En esta oportunidad, varios especialistas expusieron y contestaron preguntas de los senadores sobre el proyecto de ley 104/20 enviado por el Poder Ejecutivo de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias; luego de ser presentado el martes pasado ante el plenario por la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.

Participaron de la jornada de hoy, Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata-Berisso-Ensenada; Alberto Garay, abogado Magister y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella; Marcos Salt, abogado especializado en asuntos penales; y José Raúl Heredia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

También dieron su opinión Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); Alberto Seijas, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Alfredo Vítolo abogado constitucionalista y miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (FORES).

El presidente de AJUS abrió la ronda de exposiciones al considerar que este proyecto «va a mejorar la calidad de la justicia nacional, celebramos que contemple a los juzgados federales del interior».

Asimismo destacó de la iniciativa «la imparcialidad e independencia de los magistrados en el poder judicial». No obstante sostuvo que «fuimos testigos del deterioro institucional judicial de los últimos años, al servicio de las necesidades del Ejecutivo».

«Esta propuesta nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones, evitando que solo un pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas», aseguró Desojo.

Luego se manifestó el doctor Garay, al respecto sostuvo su preocupación respecto a la «independencia del poder judicial federal, que viene golpeada desde hace 90 años y cualquier reforma que se le haga debe ser muy meditada porque todo el capital que tiene el poder judicial está depositado en la confianza que tiene sobre el la población».

Luego enumero una serie de «inconsistencias y deficiencias técnicas» que a su entender tiene la iniciativa como ser el aumento de jueces federales y la falta de constatación empírica. «El aumento desmedido de la justicia federal en la Capital es demasiado desproporcionado con el resto del país», manifestó Garay.

Asimismo, el doctor cuestionó el «método de selección de subrogantes» al considerarlo «inconstitucional».

Por último sostuvo que la «la reforma no es congruente con lo que es el código procesal penal» y que se «deberían nombrar más fiscales no más jueces».

En tercer lugar, expuso el doctor Marcos Salt quien consideró «coincidencia total con el objetivo del proyecto de que es necesario reformar la Justicia federal, que tiene muchísimos problemas, no de ahora sino desde hace mucho tiempo».

Sostuvo no obstante que «el texto normativo de la iniciativa creo que es un texto que no colabora con un proceso de reforma sino más bien atrasa».

Salt consideró que «este proyecto pone el carro delante del caballo» y «la experiencia de otros proyectos de reforma han logrado demostrar que ir hacia el sistema acusatorio no es poner un texto normativo en un código, es un movimiento cultural que requiere de un enfoque multidisciplinario».

«Las consecuencia de un proyecto fallido son tremendas para la democracia», concluyó.

Luego Alberto Seijas brindó su perspectiva sobre el proyecto de reforma judicial. Consideró que «es obligación nuestra alertar de situaciones que podrían afectar el funcionamiento y poner en riesgo el servicio de justicia».

Sostuvo que «frente a la clara determinación de cómo habrá de integrarse este fuero el proyecto de ley a partir del art. 28 plantea la disolución de la justicia correccional y criminal y acá no hay tantas precisiones».

Cuestionó el mecanismo por el cual la «transferencia de competencia a la justica de la Ciudad se establecería merced a convenios».

Aclaró que «no discutimos la transferencia de competencias, alertamos acerca de los problemas que se puedan presentar en el funcionamiento de la Justicia. No discutimos que se transfieran delitos a la órbita de la Ciudad, el tema es el mecanismo. Las competencias no se pueden transferir de un momento a otro, hay que hacer los correspondientes acuerdos y también el traspaso de recursos».

Desde FORES, Alfredo Vítolo por su parte consideró que «el proyecto no contribuye a solucionar los problemas que tiene la justicia en nuestro país» al considerar que «propone una reforma en el aire, no hay en el mensaje referencias a estudios empíricos o estadísticas que justifiquen las propuestas que se formulan».

Sostuvo que «la reforma no debe ser obra de un único partido o alianza electoral sino del consenso». «Cada vez que se conformen nuevas mayorías en el Congreso estas se verán tentadas a volver reformar la Justicia. Una justicia variable según mayorías parlamentarias no contribuye a la confianza de la ciudadanía en sus jueces», añadió.

Vítolo aseguró que «la reconversión hacia el sistema acusatorio requiere un refuerzo de las fiscalías y no de los juzgados que es lo que propone el proyecto.

A su turno, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sostuvo que «no se advierte en el proyecto que se haya tenido en cuenta la situación crítica en que se encuentra hoy la justicia».

Señaló algunas observaciones al proyecto como el sistema acusatorio y el proceso de selección.

Gallo Tagle consideró que «la creación de las 23 fiscalías carece de un espacio donde funcionar y una dotación de personal. El riesgo de colapsar el sistema por falta de recursos es mucho más grave».

Asimismo, manifestó su preocupación por el proceso de selección al considerar que «es necesario resaltar que el sistema de concursos no puede dejar de lado la valoración de antecedentes y oposición de los y las postulantes».

Por último fue el turno de Heredia quien destacó que «abrir un proceso de reforma judicial hoy es oportuno, necesario y pertinente. No es que esté adelantada en el tiempo, sino que venimos con retraso».

Sostuvo que «toda reforma tiene que tener en cuenta la necesidad de desarrollar el diseño constitucional del proceso penal, que aún no hemos alcanzado» y que «el Congreso tiene como asignatura pendiente alcanzar el juicio por jurados».

Fuente: Senado.