Fue en el inicio de un seminario organizado por la Universidad Católica Argentina. Señalaron que el máximo tribunal debe tener plazos para resolver las causas, una limitación en la cantidad de expedientes que trata y un calendario

Jueces y juristas coincidieron hoy que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe reformarse en su funcionamiento, sobre todo en que tenga plazos para resolver los casos y que haya una selección anual de los expedientes que va a tratar. Donde hubo distintas miradas es sobre cuál es el número de integrantes que debe tener el máximo tribunal, actualmente de cinco.

El debate se dio en el inicio del seminario ¿Qué reformas necesita la Justicia? en el marco de las jornadas “Para que el día después seamos mejores” organizadas por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la organización civil Argentina Conversa. Participaron la jueza de la Cámara del Crimen Magdalena Laiño, la doctora en derecho constitucional Susana Cayuso, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra y el abogado constitucionalista Alberto Bianchi.

Expusieron sus ideas sobre los dos temas que impulsó el gobierno de Alberto Fernández para la justicia: la reforma de la justicia federal en todo el país y la creación de una comisión de juristas para analizar el funcionario de la Corte Suprema de los Ministerios Públicos y del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Los panelistas coincidieron que se debe reformar el funcionamiento de la Corte Suprema sobre la cantidad de casos que trata y fijar plazos, ya que el máximo tribunal no los tiene para resolver. “La cCorte debería tener una calendario. Establecer qué sentencias va a dictar y en qué plazo. Ir a la Corte es encomendarse a dios, nunca sabes cuando va a resolver. Hace falta que entienda que es un tribunal humano y que los humanos trabajamos con plazos razonables”, sostuvo Bianchi.

Laiño sostuvo que la Corte debería resolver entre 70 y 100 casos por año. “La Corte debe fijar jurisprudencia sobre las garantías constitucionales y los derechos fundamentales. Debería establecerse una reglamentación mas estricta con filtro de casos. Establecer un tramite dinámico de los recursos, con plazos para cumplirlos y un calendario concreto”, sostuvo la jueza penal. En esa línea Barra afirmó que para evitar que a la Corte lleguen miles de casos hay que crear “tribunales de Casación para otras causas. “La Corte debe intervenir solo en las causas trascendentes. Debe tener un activismo en materia constitucional”, sostuvo el ex integrante del máximo tribunal durante el gobierno de Carlos Menem.
Cayuso le puso números a la necesidad que la Corte se aboque a temas constitucionales. “El año pasado la Corte dictó cerca de 7600 sentencias de las cuales 2800 fueron de tribunales nacionales que debería estar en la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es importante que se realice el traspaso de la justicia nacional a la ciudad. También el año pasado la Corte recibió 15 mil recursos de quejas de la ANSES en causas previsionales”, detalló.

Barra y Laiño también señalaron que la Corte debería tratar sus casos en audiencias orales como hacen otros tribunales.

Donde hubo discrepancia de los expositores fue sobre la cantidad de miembros que debe tener el máximo tribunal. “No es conveniente modificar la integración del tribunal. Participo de la idea que deben mantenerse los cinco miembros”, dijo Cayuso. Para Barra sí hay que modificar la integración. “No hay un numero mágico. El de cinco miembros es muy pequeño. Cada juez representa valores, ideas judiciales y si restringimos ese número vamos a restringir esas características. Cinco jueces tiene el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires que tiene tres millones y medio de habitantes o la Corte de Uruguay, un país de tres millones de habitantes. La Argentina tiene más de 40 millones. La Corte debe ampliarse a nueve o más jueces como ocurre en otros países de Europa donde los jueces son 12 o 15 miembros”, dijo el ex integrante del máximo tribunal que cuando lo integró era de nueve jueces.

“No es necesaria una ampliación de la Corte pero por la cantidad de habitantes del país se podría elevar a nueve miembros. Pero no es el momento político para hacerlo”, sostuvo Laiño. Para Bianchi “cualquier sea el número de jueces de la corte, que no es lo central, lo que importa es como trabaja internamente”.

Otro tema en el que hubo coincidencias entre los panelistas es en el mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Habría que eliminarlo directamente” dijo Bicnahi y explicó el por qué de su tajante definición: “Fue una institución bien intencionada pero muy mal estructurada. Es el botín de la política y es caballo de troya del Poder Judicial. En vez de garantizar su independencia, termina amenazándola. Y trabaja de manera muy lenta. La historia de los 20 años del Consejo es de manipulación política y esto no va a cambiar”.

Cayuso y Barra calificaron al Consejo como un “injerto” en el Poder Judicial ya que se trata de un organismo clásico de la justicia europea en un modelo de justicia similar al de Estados Unidos. “Tiene una manipulación política evidente cualquiera haya sido el color político de quien haya estado en la presidencia de la nación”, dijo Cayuso. Para Barra es necesaria su reforma en la que la política debe tener presencia con representantes de la Cámara de Diputados y menos de los jueces, los académicos y los representantes del gobierno nacional.

Para Laiño el Consejo “tiene superposición de funciones con la Corte suprema” y con una “sobrerepresentación de los órganos políticos”. Los concursos son para nombrar jueces son lentos y permite el exceso en la designación de subrogantes”, dijo Laiño, en lo que coincidieron Barra y Bianchi. “Los concursos deberían ser por fuero ya con jueces designados para cuando se produzca la vacante”, planteó el abogado constitucionalista.

Los cuatro panelistas también hablaron sobre qué cambios requiere la justicia y su mirada sobre la reforma judicial al fuero federal. “Las principales reformas que necesitan la justicia son la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal. Se requiere una verdadera convicción de cambio. La capacitación en la implementación de todos los operadores. Fortalecer a los jueces y a los Ministerios Públicos”, sostuvo Laiño.

Para Cayuso es “es absolutamente necesaria una reforma judicial” pero para hacerla “se necesita consenso”. “Los parches en las reformas han dado resultados nefastos. Hay que cumplir el traspaso de los tribunales nacionales en la ciudad de buenos aires. Es inconstitucional que las provincias mantengan una justicia nacional que es exclusivamente para los porteños”, criticó.

“La legislación argentina esta un profundo desorden y antigüedad”, Postuló Bianchi. En esa línea dijo que “no tiene sentido duplicar los juzgados penales, con la intención que todos conocemos, si tenemos la legislación desordenada”. La referencia es a que la reforma judicial aumenta la cantidad de juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias. “Este proyecto de ley está creando tribunales en zonas con dos mil personas. Hay que hacer un mapa judicial sin intención política y con la sola idea de un poder judicial idóneo ,capacitado, independiente y hacer una justicia realmente equilibrada en el país”, señaló.

Para Barra “la justicia necesita permanentemente reformas sobre todo en este mundo tan dinámico y en este contexto de pandemia”. “La reforma tiene que tender a acercar la justicia al pueblo, que sea más barata, mas fácil ese acceso. Se requieren tribunales para pequeñas causas, de cuestiones de familias, con instancias de mediación o todo ante el mismo juez en esas pequeñas causas”, dijo el ex juez.

Sobre la reforma judicial coincidió con Bianchi en que es “meramente cuantitativa porque crea juzgados”. “La cantidad de juzgados ayuda porque la población y la actividad economía crece rápido pero hay que hacer un análisis muy fino de donde son las necesidad de ampliación de juzgados”, agregó.

Laiño y Barra también hicieron referencia a la figura del Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales nacionales y federales. “Debe tener un mandato temporal de siete años no renovables, al igual que el Defensor General de la Nación. Es para que todo cargo político de relevancia tenga una alternancia periódica que no coincida con los processos de selección de los Presidentes”, planteo Laiño. Para Barra “el Ministerio Público tiene que responder a una política criminal que en concreto es determinada por el Poder Ejecutivo”.

La de hoy fue la primera jornada de debate que continuará el próximo jueves con la segunda y última sobre ¿Qué reformas necesita la Justicia?

Fuente: Infobae.