Nuevamente el Poder Judicial vuelve a irritar a la comunidad rionegrina al resolver los aumentos salariales donde sólo prima la defensa de privilegios fuera del actual contexto provincial y nacional, signado por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas.

Nada nuevo bajo el sol. La corporación volvió a funcionar para no perder un solo centavo de sus opulentos sueldos, que no guardan relación no sólo con el resto de los empleados del Estado sino también con ingresos de distintas actividades económicas y otras profesiones.

El Superior Tribunal aún no se expresó sobre cómo será su nueva escala salarial. Sin embargo, nada indica que exista una acordada para congelar los sueldos de jueces y funcionarios.

El sábado, las asambleas del SITRAJUR aprobaron la oferta que los representantes del STJ hicieron en paritaria del jueves: 22,5% en cuatro cuotas de 5,21% acumulativas que, en proyección, a fin de año el incremento total será del 30% aproximadamente.

Es posible que, por primera vez, los jueces no se anclen al acuerdo paritario para autodefinirse el mismo aumento que los trabajadores, y se decida un incremento menor, en escalas y diferenciado por cargo, pero a fin de cuentas tendrán un incremento, desconsiderando el pedido de la Gobernadora, que sí aceptó el Poder Legislativo, de hacer un esfuerzo y no recibir aumentos en este contexto tan particular.

La Justicia no goza de buena imagen en la sociedad, al igual que en el orden nacional y en otras provincias, y precisamente la sociedad observa con mucho recelo cuando se suceden medidas que acentúan privilegios que motivan esa mirada crítica, que ubican al Poder Judicial lejos de aquel concepto aristotélico que define a la justicia como «la suma de todas las virtudes»

El velo de esta prerrogativa se corre cuando se aborda el tema salarial en los Poderes públicos y ante un cuadro de austeridad, que merece gestos de los que más ganan y tienen.

Existe una situación de extrema desigualdad que se viene consolidando desde hace 30 años y hoy, un juez del STJ gana entre 450 mil y 500 mil pesos; la gobernadora Arabela Carreras 200 mil, y el vicegobernador Alejandro Palmieri y los legisladores entre 220 y 300, según los ítems de antigüedad, título y otros ítems.

Siempre resultó difícil explicar cómo se llegó a esta situación prebendaria. No hay trabajo insalubre, riesgos de vida, los títulos universitarios también se requieren en otras funciones dentro del Estado, el argumento de “custodio de las leyes” no siempre es válido y la aplicación de justicia, tiene distintas interpretaciones en los justiciables.

También se escuchó en más de una oportunidad que “hay bloqueo de título” y que esto impide ejercer la profesión liberal, pero no se tiene en cuenta que, al jubilarse, cobran prácticamente lo mismo, pero recuperan el derecho al libre ejercicio de la profesión, que les permite seguir integrando la corporación “desde el otro lado del mostrador”, otro factor irritativo, para los abogados que siempre trabajaron de manera independiente del Estado.

Es inocultable la desigualdad con el resto de la administración pública, a pesar de los esfuerzos truncos de distintos gobiernos por achicar esta brecha y generar una estructura al menos más igualitaria.

Del mismo modo la corporación judicial defendió la exención del pago del impuesto a las ganancias, que ahora se aplica para los últimos ingresados a la Justicia, que son los menos. Hubo que corregir esta situación para dar cumplimiento a la norma que fija que a igual carga corresponde igual trabajo, que no se cumplía, violando el precepto constitucional que «la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

La “independencia de poderes” tampoco puede justiciar todo y menos las diferencias discriminatorias respecto al resto del Estado, incluso del resto de la ciudadanía.

Valga un ejemplo clarificador. Para cualquier trabajador el pago del concepto de antigüedad se abona en base a los antecedentes laborales. Por caso en el Ejecutivo se reconoce un 2% por año, en la Legislatura cerca del 3%, pero en el Poder Judicial la antigüedad se aplica con un porcentual del 2% desde la fecha en que se obtuvo el título.

¿Cómo se explica que entonces un médico de un hospital no cobre la antigüedad desde el momento que dejó la facultad, lo mismo para un ingeniero, contador o los abogados que cumplen funciones en los otros poderes?

Tampoco se cumplió aquello que la cabeza de los tres poderes estatales perciba el mismo salario. El último intento fue del extinto gobernador Carlos Soria en el 2011.

También fracasaron los intentos por congelar o rebajar salarios en la Justicia en momentos críticos de la provincia, como en el epílogo del gobierno de Horacio Massaccesi, (1995) cuando se cobraba el sueldo en “papalitos de colores” (bonos Cedern) e incluso las marchas de protestas de estatales contaban con nutridas columnas de funcionarios y magistrados judiciales. Aquella crisis económica provincial fue la única que igualó a todos en el reclamo.

Fue infructuoso el intento del ex gobernador Pablo Verani, en 1996 y 1997, que trató de imponer una reducción de sueldos y la Justicia lo rechazó amparándose en la intangibilidad constitucional.

Fue entonces cuando a los jueces se le ocurrió la idea de la denominada “Experiencia Profesional” para pagar la antigüedad desde la obtención del título o del ingreso a la Justicia, pudiendo elegir la mejor de las dos opciones, para atender la situación de los empleados que una vez ingresados a la Justicia, estudian y se gradúan.

La pregunta es cómo se llegó a esta situación. Nada es producto del azar o la influencia cósmica, porque la génesis está escrita en la ley 2397, del 6 de noviembre de 1990, que facultó a los titulares de cada uno de los Poderes a dictar las normas que “regulen en su ámbito de aplicación el sistema de bonificaciones y adicionales personales y/o funcionales”.

Desde la entonces la carrera fue desigual y al tiempo, ya en el 2011, un juez del superior tribunal de Justicia cobraba alrededor de 40 mil pesos y el gobernador 11 mil pesos.

Esa situación, para evitar estos ingresos tan diferentes, terminó en una causa penal que involucró a ministros y funcionarios del gobierno radical de Miguel Saiz, en el juicio conocido como sobresueldos, donde se pagó un adicional a los funcionarios del Ejecutivo para achicar la brecha salarial.

Con la llegada de Carlos Soria al gobierno se trató que poner una solución al tema y se remitió al parlamento provincial un proyecto de ley de equiparación salarial entre los titulares de los tres poderes, que fue sancionado y la ley lleva el número 4.717.

Esta norma nunca se aplicó y está vigente, e incorpora a la ley 2397.

Ahora la decisión está en manos de los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia, que deberá decidir, como indica la legislación. En definitiva, si resuelve ser solidario o reitera conductas y vuelve a refugiarse en la intangibilidad.

Sucedió, al comienzo de la pandemia cuando se pedía aportes salariales a un fondo provincial para enfrentar a las consecuencias del coronavirus. La Justicia decidió implementar un aporte voluntario. Nunca se conoció el monto de lo recaudado.

Fuente: ADN Rio Negro.