La Pampa: Una docente fue condenada hoy a seis meses de prisión en suspenso, por ser autora material y penalmente responsable del delito de uso de documento falso (artículo 296 del Código Penal).

En un expediente se demostró que la acusada presentó los días 19 de septiembre y 7 de noviembre de 2016 y el 1 de junio de 2017, “en el marco de un sumario administrativo por presuntas inasistencias injustificadas durante el año 2015 a su lugar de trabajo (el colegio secundario “Presidente Arturo Umberto Illia”, de Santa Rosa), seis constancias de presentación de certificados médicos ante el Departamento de Servicio Médico Oficial de la Dirección General de Personal, los cuales no fueron extendidos por ninguna de las personas que trabajaban allí en el periodo en cuestión”, indica la sentencia dictada por el juez de audiencia de Santa Rosa, Daniel Sáez Zamora.

“Asimismo, la imputada presentó tres certificados médicos apócrifos, el primero de ellos de fecha 26 de septiembre de 2015, supuestamente suscripto por un traumatólogo, y los dos restantes fechados el 22 de septiembre de 2016 y el 26 de mayo de 2017, supuestamente suscriptos por una especialista en psiquiatría; cuyas firmas, sellos y contenidos resultaron ser apócrifos”, añade el fallo.

En una segunda causa se acreditó que la docente presentó el 25 de noviembre de 2016, también ante el Departamento de Servicio Médico Oficial, “a los efectos de justificar una licencia por enfermedad solicitada en su lugar de trabajo (la misma escuela), un certificado médico apócrifo”, rubricado presuntamente por un clínico, “quien no reconoció como propia la letra, el contenido, ni la firma estampada”.

El conflicto penal se resolvió por el procedimiento de juicio abreviado, que acordaron el fiscal general Guillermo Sancho, el defensor particular Fernando Fenández Articó y la propia imputada, de 49 años, quien reconoció su culpabilidad.

Entre las evidencias reunidas en la investigación para demostrar los hechos, y que fueron convenidas por las partes, figuran copia del expediente administrativo, la denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, copia de otro expediente del Ministerio de Educación, la historia clínica de la acusada, informes de Contaduría de la Provincia y de la Dirección General de Personal, los certificados médicos que dieron origen a las causas y sus originales, informes periciales de la Agencia de Investigación Científica y las declaraciones de los tres médicos involucrados y un cuarto.

“Estos hechos fueron correctamente calificados por el fiscal general bajo la figura de uso de documento falso, ya que la imputada presentó los certificados apócrifos que brindaban una constancia no genuina de una condición de salud –indicó Sáez Zamora–. Dicho instrumento posee la calidad de instrumento privado, por lo que tipifica los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. La acusada hizo valer esos documentos falsos en las actuaciones administrativas que tramitaban ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio de Cultura y Educación, con la clara intención de obtener un beneficio laboral, teniéndose por configurado el mismo, con la simple maniobra de utilizar un documento falsificado”.

Finalmente, el juez dispuso que la docente deberá, como reglas de conducta, fijar domicilio y someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras, durante dos años.